El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) comienza hoy el estudio acerca de la adecuación del IRPH como índice de referencia del mercado hipotecario español.
El presidente del Tribunal será el belga Koen Lenaerts y la vicepresidenta la magistrada española Rosario Silva de Lapuerta.
La cuestión prejudicial fue elevada al TJUE hace un año por el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, en relación a un juicio contra Bankia. Tras el respaldo del Tribunal Supremo a este índice, se espera que el TJUE pueda enmendar esta situación tal como sucedió con cláusula suelo. El Supremo dictaminó que el IRPH no puede declararse nulo sólo porque en determinados momentos sea menos favorable para el consumidor y también señaló que no puede exigirse al banco entregar comparativas de la evolución del IRPH con otros índices. El falló afirmaba que el índice no es manipulable, aunque se calcule a partir de los datos que envían las entidades.
La sentencia afectará a medio millón de familias, el 9% del total de contratos hipotecarios aproximadamente. El impacto de una sentencia desfavorable para la banca podría ser de 7.000 millones a 10.500 millones de euros, siendo los bancos más expuestos CaixaBank y Santander.
Durante la instrucción del proceso, el TJUE ha recabado abundante documentación relativa al caso, así como informes de las distintas partes. Especialmente relevante resulta una valoración emitida por la Comisión Europea que dio un espaldarazo a los miles de consumidores que confían en anular el IRPH. En concreto, su informe advertía que la regulación comunitaria solo permitiría el uso de este índice en el caso de que haya sido comercializado con total transparencia, lo que incluye explicar al cliente cómo se configura el cálculo y avanzarle posibles evoluciones a futuro, lo que la banca no cumplía habitualmente.
La vista de hoy, de cualquier modo, es solo el primer paso. El abogado general de la UE, una suerte de fiscal general, tendrá que fijar su postura en los próximos meses y es de esperar que la Corte de Luxemburgo no emita su sentencia sobre la materia hasta después del verano.